¡Mayday!

A finales de la semana pasada la compañía naviera Maersk Line anunció que reducirá sus operaciones en nuestro país, debido a la falta de inversión en maquinaria y equipo por parte de la portuaria, lo cual genera mayor lentitud en los procesos de carga y descarga. Ello implica una disminución de 2 mil 700 contenedores por semana pero, más que eso, pérdidas millonarias y desempleo.

 

El caso de Maersk es uno de muchos. A inicios de esta semana ex trabajadores de la Mina San Rafael manifestaron frente a la Corte de Constitucionalidad para exigir una resolución final por la suspensión de operaciones. Según datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), al cierre de marzo de este año, se cuenta con 30,455 afiliados cotizantes menos que en diciembre de 2017. En otras palabras, esto significa que más de 30 mil personas que trabajaban en los sectores formales de agricultura, ganadería, manufactura, construcción, minería, electricidad y comercio, seguramente se encuentren desempleados.

 

Toda esta incertidumbre económica se comprueba en varios indicadores internacionales. Uno de ellos es el Índice de Desarrollo Sostenible (IDS), cuyos resultados fueron dados a conocer hace algunos días. El IDS es una herramienta que identifica la sostenibilidad de los esfuerzos para el desarrollo, para que así estos permitan generar movilidad social. En el caso de Guatemala, este año tuvimos una caída con respecto a los resultados de 2016, pasando de la posición 46 de 93 países, a la 60. Otro ejemplo es el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), el cual indica que a abril de 2018, Guatemala alcanzó únicamente un 2.02 por ciento, lo que nos convierte en la economía con el menor dinamismo en toda la región centroamericana, provocado por un panorama político complejo y una pérdida de legitimidad institucional.

 

En ese sentido, vale la pena mencionar el dictamen de la Procuraduría General de la Nación publicado a inicios de abril. En él esta entidad no le otorgó el visto bueno al proyecto de acuerdo gubernativo que contiene el reglamento para la aplicación del convenio sobre el trabajo tiempo a parcial, el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Recordemos que nuestro país tardó 23 años en cumplir con este compromiso internacional, un plazo totalmente irrazonable. Por aparte, me parece irónico cómo endiosamos al convenio 169 de la OIT, atribuyéndole facultades que van más allá, mientras que al 175, un acuerdo de la misma envergadura, lo ignoramos. Nuestras prioridades están mal. Difícilmente podemos hablar de más oportunidades, más empleos y más crecimiento si se presentan en nuestro camino obstáculos como estos.

 

Las anteriores son tan solo algunas de las alarmas de emergencia que, pareciera, estamos ignorando. Nuestra economía se desacelera de forma dramática y, con ello, cada vez más personas se quedan sin oportunidades de trabajo. Debemos de retomar la agenda de generación de empleo. Nos urge generar 100 mil empleos más de los que ya se generan. Lo que menos necesitamos es que esa brecha crezca a 110,000 o 120,000 por año, que es el rumbo por donde vamos actualmente. Hoy la propuesta de Ley de Infraestructura ya prospera en el Congreso, lo cual es un paso en la dirección correcta. Esperemos que nuestros diputados la aprueben lo antes posible, para así poner en marcha un plan nacional de infraestructura vial que nos ayudará a conectar todos los rincones de nuestro país.

 

Sin embargo, ¿qué más vamos a hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo priorizamos la agenda de generación de empleo y dejamos atrás la polarización ideológica y los pleitos sin sentido? Estamos viviendo un proceso de deterioración institucional. Cada día que pasa, nuestra condición económica empeora. Miles de familias que se han quedado sin empleo porque pareciera que la prioridad es la destrucción de oportunidades, y no construirlas. Somos un avión que va en picada y aparentemente no nos importa. La crisis es real y está aquí. Es momento de pedir socorro, de gritar ¡mayday!

Una respuesta a “¡Mayday!

  1. De acuerdo. Pero hay que decir claramente que el principal culpable de la situación actual es el presidente. Sus decisiones, desde el aceptar tránsfugas en la bancada, hasta ladeclaración de non grato, sin dejar de lado sus últimas decisiones en búsqueda de detener a la CICIG, nos han traído al momento actual de polarización y paralización. Si él hubiera dedicado sus esfuerzos a atender la problemática nacional, a resolver o atacar problemas, en lugar de a obstruir o detener la lucha contra la corrupción, la situación sería otra. Y en esto también tienen buena culpa los diputados. ¿Cuánta presión se habría quitado con las reformas esperadas a la LEPP, y con la aprobación de la Ley de Aceptación de Cargos? Pero, por obvias razones, las dejan de lado. No reconocer que hay propuestas concretas, pero que no caminan porque ni al Ejecutivo ni al Legislativo les interesan, es cometer una gran injusticia con la ciudadanía y la sociedad organizada. No puedo dejar de recordar a aquellos que durante estos años han mantenido “aceitado” el sistema. También esos financistas del status quo tienen su buena parte de responsabilidad.¿Quieren cambios? Apoyen DECIDIDAMENTE las reformas y la lucha contra la corrupción… y dejen de sostener el sistema actual de cosas. Así, todos podremos pasar página e iniciar el camino de la reconstrucción.

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