El drama de los pasaportes

En Guatemala da miedo ir a renovar el pasaporte o tramitar uno nuevo. El escenario en el Centro de Emisión de Pasaportes es caótico. Cualquier persona en su sano juicio lo evitaría a toda costa. La fila es interminable, los abusos y las estafas abundan y los recursos son insuficientes. ¿Qué hicimos para que esto se saliera de control?

 

Recuerdo que hace algunos años era otro el panorama. Este servicio funcionaba y funcionaba muy bien. Tomaba únicamente quince minutos sacar el pasaporte o renovarlo. De hecho, recuerdo que era motivo de orgullo y satisfacción presumir de ello ante amigos de otros países. No obstante por inoperancia o, pero aún, respaldados por argumentos cínicos de transparencia y lucha contra la corrupción, este servicio y muchos otros (carreteras, correos, el primer nivel de atención de salud, por mencionar algunos) se han echado a perder.

 

Por ejemplo, en el caso de los pasaportes la existencia de una mafia de tramitadores es un secreto a voces. Alquiler de banquitos, venta de “números” y de “puestos” en la fila, incluso el trámite completo. Estos servicios están a su disposición si se quiere ahorrar las hasta 10 horas de espera o si las quiere pasar más cómodo, pero esto tiene un precio. Los bancos los encuentra desde Q1, los puestos en la fila entre Q75 y Q150 y el trámite completo puede costar desde Q400. Estos precios varían según la temporada y según “cómo lo vean a uno”.

 

Para complicar el panorama, a inicios de diciembre de 2017, autoridades de la Dirección General de Migración (DGM) hizo público que contaba solo con 102 mil tarjetas para cubrir la demanda hasta marzo de este año. El contrato con el nuevo proveedor no ha sido firmado, por lo que las nuevas cartillas tardarán en llegar (6 meses después de firmar el contrato). A inicios de este mes, la DGM optó por implementar los famosos “stickers” como extensión de pasaportes ordinarios, para optimizar los recursos. Este “sticker” no tiene ningún costo y el mismo Carlos Emilio Morales, director general de migración, dijo que se castigará a cualquiera que trate de estafar con su venta. Esperemos que así sea.

 

Como les mencioné, este escenario tan caótico es bastante similar al de otros servicios públicos de nuestro país. La burocracia es tan disfuncional (y corrupta) que desarma este tipo de contrataciones. Otro ejemplo es la pérdida de uno de los servicios más básicos que existe en cualquier nación, el servicio postal. Nuestra propia Constitución, en el artículo 24, establece la inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. Desde agosto de 2016 Correos pasó a estar a cargo del Estado al haber vencido la concesión que se hizo a la empresa “El Correo”. La empresa solicitó prórroga del contrato de concesión en mayo de 2013, un año antes de que este llegara a su vencimiento. No obstante el Congreso optó por no aprobar la prórroga. Según declaró en su momento Iván Arévalo, entonces presidente del Organismo Legislativo, tal votación fue pospuesta varias veces porque “nadie le tomó interés”. Como consecuencia, a inicios de 2017, Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia y otras naciones, suspendieron el envío de correspondencia a Guatemala.

 

Estos retrocesos son producto de una clara mala intención. Hay un interés perverso por afectar estos servicios a la ciudadanía para introducir oportunidades de corrupción o para cambiar inclusive quién se beneficia de ciertos contratos y demás. Si hay un contrato de estos servicios que se obtienen por corrupción, claramente la justicia y el debido proceso deben hacerse valer. Pero ojalá, como sociedad, encontrásemos una forma en que la justicia llegue sin afectar a la ciudadanía.

 

Me parece un completo abuso y desconsideración que este tipo de servicios, tan importantes para el funcionamiento de nuestro aparato estatal, sean burlados y violados gracias a los intentos de algunos pocos por satisfacer sus intereses mezquinos. Para nuestra fortuna, la ciudadanía ya cambió. Nunca más vamos a ser pasivos ni permisivos ante la corrupción y las fuerzas que buscan aprovecharse de la cosa pública. Sin embargo, para cimentar ese cambio debemos reconocer que hasta hace poco tiempo éramos distintos. Y debemos, con madurez, buscar la fórmula para lograr esa transición de manera ordenada hacia ese mejor futuro por el que ya hemos optado. Basta ya de dejar que sigan desmantelando los servicios a la ciudadanía.

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