¿Quién nos defiende?

La semana pasada Juan Francisco Solórzano Foppa fue destituido como máxima autoridad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), lo cual desató un fuerte debate. Algunos abogaban por él y su permanencia y otros por su salida, con las ya acostumbradas denuncias y amparos ante los tribunales “celestiales” de nuestro país.

 

Aquellos que abogan a favor de la remoción se justifican en el cambio a la normativa 37-2016, la cual exige tal remoción al no cumplir con la meta de recaudación tributaria. Pero también existen otros con intereses mezquinos que se entremezclan en toda esta discusión. Más allá de meterme a ese debate, me parece que es un momento oportuno para plantear algo propositivo que ayude a alcanzar las mejoras que nuestro sistema tributario necesita.

 

Una idea que el propio intendente saliente planteó, en dos paneles distintos en los que compartí escenario con él, fue la creación de una entidad defensora del contribuyente. La existencia de pesos y contrapesos es un elemento de diseño fundamental de toda república. Les pregunto, ¿a quiénes se abocan cuando se sienten víctimas de abusos o injusticias por parte del ente recaudador? ¿Se atreven siquiera a alzar su voz al estar en una posición como esta? En nuestro país nuestras opciones son limitadas, ya que no existe un cuerpo independiente que vele por este tipo de situaciones.

 

Históricamente la noción de una entidad cuyo fin sea la defensa de los derechos de las personas proviene del concepto del “ombudsman”. Este surge en Suecia en el siglo XIX, con el objetivo de nombrar a una figura que tuviera a su cargo la protección de los derechos de los ciudadanos ante los poderes públicos. A partir de allí surgen funcionarios como el fiscal, el procurador de los derechos humanos y, en materia tributaria, el procurador de la defensa del contribuyente.

Canadá (Office of the Taxpayers’ Ombudsman), Estados Unidos (Tax Advocate Service), España (Consejo para la Defensa del Contribuyente), Sudáfrica (Tax Ombud), Colombia (Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero) y México (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente –Prodecon-), son algunos de los países del mundo que cuentan con una entidad dedicada a la defensa del contribuyente y la protección de sus derechos. Además, la mayoría están llamados a asistir a los ciudadanos y usuarios con cualquier inquietud o queja y llevar a cabo procesos de mediación en los casos que sean necesarios.

 

En estos países la experiencia de tener un organismo de este tipo ha fortalecido la cultura tributaria. En México, el año pasado, 8 de cada 10 quejas presentadas a Prodecon fueron resueltas a favor del contribuyente. Durante sus seis años de trayectoria, este organismo ha ido mejorando la eficacia de sus procedimientos, haciéndolos mucho más amigables y flexibles. Ello ha repercutido positivamente en el crecimiento del número de solicitudes. Por otro lado, también en 2017, los casos ingresados al Tax Ombud de Sudáfrica incrementaron de 156 a 2,133 en un plazo de dos años. Ello determinó el descubrimiento de problemas sistemáticos en la SARS (Servicio de Recaudación de Impuestos de Sudáfrica), en el retraso de reintegros de impuestos.

 

Una forma de continuar con el legado del ex superintendente es seguir el ejemplo de estas naciones e implementar la sugerencia que él propuso. Seguramente muchos pueden rechazar esta propuesta, aludiendo que parece que va en contra del incremento de la recaudación. Sin embargo, estoy seguro que daría mucha más certeza del buen funcionamiento de la autoridad tributaria y reduciría la inclinación a crear excusas para remover a un intendente. Recordemos además que muchas pequeñas y medianas empresas no cuentan con recursos para defenderse de un cuestionamiento o acusación por parte de SAT. Al fin y al cabo, la finalidad es disminuir la evasión, asegurando el respeto al debido proceso y sin quebrar empresas en el camino. Estoy convencido que un mecanismo de defensa del contribuyente fortalecería a la SAT y mejoraría nuestra cultura tributaria.

 

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